Llama la atención la "oportunidad" con que el juez Baltasar Garzón ha caído sobre ellos, y que las detenciones -como subraya Esteban González Pons- se produzcan justocuando los datos del paro agobian al Gobierno Zapatero, pero no hay duda alguna que son una panda de mangantes y que se lo han estado llevando crudo durante años.
La larga investigación, iniciada en 2003 por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), culminó este viernes con la desarticulación de una extensa trama -heredera de aquello que en tiempos de Aznar se denominó el "Clan de Becerril"- que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales. Todo ello o casi todo hasta la llegada de Mariano Rajoy al liderazgo, momento en que los "engominados" perdieron buena parte de su influencia.
Entre los detenidos se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.
Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos.
Anticorrupción atribuye a esta "tropa" los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada).
Entre las numerosas grabaciones que forman parte del sumario, hay una de la que se hace eco el diario El País donde Francisco Correa, organizador durante 20 años de eventos político-festivos, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.
Correa:
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.
"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.
Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.
En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
EL ALCALDE DE BOADILLA NIEGA CUALQUIER RELACIÓN CON LA TRAMA
El alcalde de Boadilla, Alberto González Panero, al que se acusa de haber viajado a Miami a comprar apartamentos con personas vinculadas a estas empresas, negó tener alguna vinculación con Francisco Correa, líder de la trama.
Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Majadahonda han subrayado que todos esos contratos bajo sospecha se firmaron en la época del alcalde Guillermo Ortega, del PP, que dimitió en 2005 tras el llamado "caso Majadahonda".
La intención de enajenar dos parcelas municipales a un precio por debajo del de mercado, dudosas adjudicaciones de contratos municipales y la bancarrota municipal rodearon su despedida.
Desde entonces, Guillermo Ortega es gerente del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad de Madrid y mantiene un "buen sueldo". Su jefa de gabinete era la ahora detenida María del Carmen Rodríguez, mujer de Francisco Correa.
Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda han precisado que los contratos requeridos fueron rescindidos en su día por la actual administración y viene a confirmar lo adecuado de las medidas adoptadas por la administración local actual.
INVESTIGACIÓN EN VALENCIA, MARBELLA Y SOTOGRANDE
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial han llevado a cabo además varios registros también en domicilios, despachos profesionales y empresas de Valencia, Marbella y Sotogrande.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió además a la Conselleria de Turismo de la Generalitat información sobre el expediente 33/08, perteneciente al contrato del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur.
Funcionarios de la Agencia Tributaria se presentaron en la sede de la Conselleria de Turismo para demandar esta información, en la jornada en que se ha procedido a registrar la empresa valenciana Orange Market por su presunta vinculación con la trama de corrupción de Boadilla.
Orange fue la adjudicataria del pabellón que exhibió la pasada semana la Comunidad Valenciana en Fitur. Esta empresa ha organizado también actos como el congreso regional del PP o la inauguración de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante.
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