El primer elemento que está impidiendo arrancar con las reformas es la financiación autonómica. El Gobierno quiere terminar primero con este asunto antes de abordar las nuevas medidas económicas. Las negociaciones entre el Ministerio de Economía y Hacienda y las comunidades siguen discretamente, pero todavía no hay acuerdo. Se entrará, así, en las fechas de la campaña gallega, y sectores del Ejecutivo y del PSOE quieren evitar que la financiación se mezcle con la contienda electoral autonómica.
De no producirse un acuerdo en breve, la nueva financiación no estaría lista antes de mediados de marzo; y no se esperan, por tanto, avances en medidas de carácter estructural. Hasta ahora, según fuentes del PP, no ha habido ningún contacto sobre las reformas, salvo un breve intercambio de papeles en otoño.
La única medida que ha avanzado algo ha sido la transposición de la Directiva de Servicios, que obligará a modificar unas 80 leyes estatales y autonómicas. Ha circulado también un borrador de una ley de comercio minorista, pero su discusión en el seno del Gobierno se ha detenido.
Una mesa sin convocar
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, expuso a mediados de diciembre una lista de temas para ser abordados en lo que llamó Mesa de Reformas Estructurales, que debía haber sido convocada en el mes de enero: la transposición de la directiva de servicios; el libre acceso y ejercicio de la actividades de servicios; la ley de Servicios Profesionales; la ley sobre Organismos Reguladores; la revisión de la ordenación de transportes terrestres; la reforma de la Ley de Puertos, del modelo aeroportuario y del sector ferroviario; la reforma del Sistema de Seguridad Jurídica Preventiva; y la revisión de la Ley Concursal. Fuentes del Ministerio dicen que se está trabajando en estas reformas, y que no hay fecha para la convocatoria de la mesa de partidos.
"La situación coyuntural adversa no debe impedir que se sienten las bases de un modelo productivo más sostenible"
Las reformas no son una cuestión menor. La mayoría de los expertos creen muy necesario abordar una amplia serie de modificaciones normativas para dar un empujón a la economía española, sobre todo en estos momentos. “Habrá que ponerlas en marcha cuanto antes, pues las políticas monetaria y fiscal, aunque consigan contener el fuerte deterioro de la actividad, no provocarán el ansiado cambio de modelo que necesita la economía española. Este cambio de modelo tiene su oportunidad, aunque parezca paradójico, en esta crisis”, subraya José Antonio Herce, socio director de Economía de AFI.
El mejor momento
Los analistas insisten en esta idea. “Cualquiera es siempre el mejor momento para abordar las reformas estructurales que necesita la economía española”, comenta Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex. “La situación coyuntural adversa no debe impedir que se sienten las bases de un modelo productivo más sostenible para el futuro. Las reformas, en la medida de lo posible, deberían articularse de forma conjunta, pues cuanto antes sean aprobadas, antes se percibirá su impacto positivo”, agrega Xavier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya.
“Tendrá más éxito apostar por un big bang y llevarlas a cabo todas a la vez para evitar que los grupos de presión consigan confundir a la opinión pública”
En esta idea insiste José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney: “Tendrá más éxito apostar por un big bang y llevarlas a cabo todas a la vez para evitar que los grupos de presión consigan confundir a la opinión pública”. “España es una economía muy agradecida: siempre que se ha aplicado un plan de liberalización en sectores protegidos y de mayor competencia ha anticipado un ciclo expansivo de crecimiento y prosperidad. Pasó en 1957-59, en 1982-84 y en 1994-96”, explica.
Otros opinan que la economía española tiene ahora otras prioridades. “Los temas enumerados por Solbes siempre son aconsejables para el funcionamiento más eficiente de las relaciones económicas y, por tanto, hay que trabajar en estas materias de manera continua. Pero la situación de profunda crisis económica con intensa destrucción de empleo demanda medidas que permitan a los bienes y servicios españoles recuperar cuota de mercado interno y externo”, sostiene Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CCOO. “Ahora, el objetivo prioritario es crear, mantener o como mínimo, limitar la destrucción de empleo, con medidas que distribuyan equilibradamente los esfuerzos de empresarios y trabajadores”, sostiene.
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