 | " Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna" |
Se publica en la prensa española que España ha sobrepasado la cifra de los tres millones de funcionarios.
(No voy a decir en qué medio, porque si ellos no citan los trabajos de los blogers, tampoco seré yo quien les proporcione publicidad)
Las cifras para que tengan sentido hay que relacionarlas y ese número impacta si se sabe que, por ejemplo, en Extremadura, casi uno de cada tres trabajadores es funcionario de alguna Administración.
Ser funcionario es el sueño español y así nos va. Un trabajo de por vida, sin estar sujetos a los vaivenes del mercado ni tener que pelear por los clientes o la innovación o el valor añadido de tu tarea. En un sitio donde la máxima aspiración es adocenarse en un trabajo, y en muchos casos (no todos) escurrir el bulto, el crecimiento de la economía estará a expensas de los pocos que arriesgan y crean empleo arriesgando su dinero y no el de las diferentes administraciones.
Yo no se si los funcionarios han notado que en la economía real hace mucho frío y llueve. Por eso, y apelando a su generosidad propongo una medida impopular y demagógica:
Señores funcionarios, den ejemplo, este año y quizás el próximo y el siguiente, congélense el sueldo.
En verano no habrá dinero suficiente en el Inem para pagar el paro y todavía no se sabe de dónde saldrán los recursos para sufragar la Dependencia. Cada día se pierden cerca de 6.600 empleos, pero serán necesarios tres millones de cotizantes más para abonar las pensiones en 2020.
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Zapatero |
M. L. Nalda / E. Morales
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha empeñado en garantizar y fortalecer el Estado de bienestar en tiempos de crisis. Insiste en que seguirá subiendo las pensiones; pagará el desempleo a un número de parados cada vez mayor; no rebajará la cuantía del subsidio, pese a la subida histórica del paro y, todo ello, con un histórica caída de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales.
Las cuentas no salen. Para mantener un Estado de bienestar como el español hace falte gente trabajando —y mucha— cuando eso es precisamente lo que falta ahora en España. Si la crisis persiste y no se realizan reformas estructurales oportunas, la protección social de la que disfrutan los ciudadanos tiene sus días contados.
A día de hoy, sólo el pago de las prestaciones de desempleo a más de dos millones de parados está comprometiendo seriamente las cuentas públicas. El presupuesto estimado no alcanza y ya en otoño de 2008 la caja del Inem estaba vacía, siendo necesaria una inyección por parte de Hacienda.
En el año que acaba de comenzar, la operación rescate inevitablemente volverá a repetirse y las aportaciones del ministerio de Solbes serán necesarias antes de que comience el segundo semestre.
Medio y largo plazo
Si la situación a corto plazo es preocupante, a medio y largo plazo —más de 10 años— la cobertura de determinadas prestaciones sociales será primero, difícil, y después, imposible.
El Estado de bienestar descansa en cuatro patas: sanidad, educación, pensiones y dependencia, más la cobertura del desempleo.
El envejecimiento de la población disparará el gasto sanitario. Los hospitales deberán atender a más pacientes; precisarán más personal y medios técnicos y encararán frentes ya abiertos como las listas de espera o la mejora asistencial, con mayor dificultad. La Dependencia también tiene un largo recorrido por delante. Se sabe lo que costará, pero no de dónde saldrá el dinero.
Pero el principal problema será el pago de las pensiones. Su reforma no se ha hecho en tiempos de bonanza y ahora resulta más complicado emprenderlas. El gasto en pensiones supera el 50% del presupuesto de la Seguridad Social y equivale al 8% del PIB nacional: más de 80.000 millones. A partir de 2020, supondrá la quinta parte de la riqueza nacional.
Desde los años 90, el pago de esta prestación se ha resuelto gracias a la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral y a la entrada de 4,5 millones de inmigrantes en sólo una década. En 1997 sólo había 12,8 millones de cotizantes en la Seguridad Social; diez años después eran más de 19,5 millones.
Sin embargo, agotada la vía de la incorporación de la mujer al mundo laboral, cerradas las puertas del trabajo a los inmigrantes y con cada vez mayor número de jubilaciones y prejubilaciones, lo que fue una solución entonces, ahora se vuelve en contra de la sostenibilidad del sistema. En poco más de una década, estos integrantes del mercado laboral también tendrán derecho a una pensión, pero es muy dudoso que lleguen a cobrarla: hoy algo más de 5 personas cotizan para pagar una jubilación, en 15 años serán 2,5 y en dos décadas aún menos. Sólo la ampliación del mercado laboral en al menos 3 millones de personas podría garantizar el pago de las pensiones.
La causa hay que buscarla en los bajos índices de natalidad que España acusa desde los años 80. La ruptura del equilibrio demográfico supondrá que entre 2005 y 2030 la población en edad laboral caerá 3 puntos y la mayor de 65 años aumentará 2. Pero los cambios que se avecinan en la década siguiente serán mucho más pronunciados: una caída de casi 8 puntos en la proporción de población en edad laboral y un aumento de casi 6 en la mayor de 65 años, según proyecciones de la Seguridad Social.
Asimismo, el envejecimiento masivo de la población plantea un reto a la hora de mantener los objetivos marcados en la Ley de Dependencia: exigen una financiación muy costosa derivada de un sistema asistencial a largo plazo y para todas las edades. Sobre las autonomías recae el peso de su sostenibilidad; aún no funciona al 100% y ya se reclaman mas recursos para garantizar su viabilidad.
En 1.991, Huntington describió lo que ocurriría en los próximos años, en su libro The clash of civilizations. Hoy, uno de nuestros colaboradores, Brétema, ha expresado su lamento en nuestro foro, con un artículo que expone con claridad la estrategia urdida por los etnicismos, y le he respondido a continuación, con mi opinión sobre la cuestión, pues el etnicismo nacionalista que estamos viviendo, sólo es una de las caras del problema global en el que estamos inmersos. Durante treinta años hemos trabajado con denuedo para construir un país mediocre. Hoy no deberíamos quejarnos de una clase política y dirigente sin talento, sin imaginación, sin voluntad. No son más que el resultado de una sociedad que arrancó de cuajo el mérito desde casi su origen mismo. Soñábamos que al desaparecer el franquismo caería con él aquello que entonces llamábamos el enchufe, el nepotismo institucionalizado de un régimen de buenos y malos. ¡Qué fácil era residenciar en Franco todas nuestras miserias! No fue sino morirse y comenzamos una frenética carrera para legalizar y multiplicar exponencialmente ese mismo nepotismo, una generalizada corrupción en la promoción social que hoy ha estallado dejándonos inermes, incapaces de reaccionar ante una crisis que creemos ajena cuando no es sino nuestra propia crisis como nación.
Partidos, sindicatos y todo tipo de corporaciones se lanzaron a saco sobre el Estado, la universidad, la enseñanza media, la escuela primaria, la judicatura, la polícía, la medicina… todo fue penetrado, prostituido, pervertido por una mezcla de igualitarismo y revancha que confundió, interesadamente, la democracia con una tiranía de los peores. Esa es la sustancia misma de la izquierda, la ocupación del Estado y la sociedad como feudos debidos, la eliminación de toda aristocracia de la inteligencia que pueda poner en peligro su predominio o no sirva a su pesebre. Acompañada gentilmente por una derecha que, para purgarse, aprendió a ceder desde el principio, a vivir acomplejada a la sombra de un PSOE y unos sindicatos que la toleraron como ayuda de cámara, como fámula ilegítima.
Ese nepotismo larvado, el sectarismo como método de acceso a los puestos públicos, lo dirigió todo. Fue un veneno, una forma de corrosión del nervio democrático de una nación de caudillos que no había aprendido que la democracia es justamente lo contrario, no lo que hacen de nosotros, sino lo que cada uno hacemos, lo que construimos cada día, y que cada cesión, cada vileza soterrada, cada pequeño delito invisible, sumado a otros millones, van edificando monumentos de ceniza a los que basta con soplar para que caigan.
Hoy asistimos a nuestro desmoronamiento, al agotamiento de los años felices en los que todo el mundo se arrojó sobre el botín, y nos preguntamos qué ha pasado, en lugar de preguntarnos qué hemos hecho.
Por eso tenemos al frente a un gobierno de tontascos (y tontascas), de escapistas, de selectas de cuota, con el mayor de todos presidiendo, para que no nos digan la verdad, para que nos consuelen con milongas y tangos mientras llega el ‘corralito’.
Hace unos días se supo que el Ayuntamiento de Los Alcázares, faro y emblema del social-golfismo, ha convocado una plaza de jefe de policía en cuyo baremo de méritos –qué sarcasmo- un cursillo de informática vale cinco puntos y un doctorado 0’10. En un país decente sería un delito, un escándalo que llevaría a la alcaldesa-títere a su casa. Pero en España es lógico que un ‘cursillillo’ valga ¡cincuenta veces más! que siete años de estudios y la redacción de una tesis doctoral. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues por una razón muy comprensible y humana: porque la plaza ya está dada, y el que va a pillar no tiene el doctorado pero sí el cursillo.
En las diecisiete naciones los militantes del PSOE o de los partidos nacionalistas se hicieron así funcionarios en masa. Convocaban sus plazas, previamente ocupadas por ellos mismos, en procesos selectivos en los que los requisitos coincidían, curiosamente, con quienes ya las desempeñaban. En la enseñanza de todos los niveles, la funcionarización de los llamados ‘penenes’ se constituyó en norma. Fue entonces cuando la universidad española inició el camino hacia su desaparición como élite del saber que Bolonia culmina: la LRU y la LAU la convirtieron en un coto de endogamia y cooptación, un predio familiar y partidista donde el enchufismo no es que funcione, es que es la ley. Se hacen titulares y catedráticos a sí mismos con una desvergüenza que convierte en relato casi infantil la “Escuela de Mandarines” de Miguel Espinosa en su lectura literal, aunque como metáfora del poder y la indecencia haya de ser una obra eterna. Trabajan dos meses al año disfrazados de cuatrimestre, mientras las clases las dan profesores asociados y contratados con sueldos de miseria. En fin, es la única institución del Estado, pagada con dinero público, que carece de cualquier control externo. El único poder que habita el aire. Ni una sola de las universidades españolas está entre las cien primeras del mundo.
Por su parte, las enseñanzas media y básica, unificadas por el arribismo y la dictadura sindical que también ahora culmina Bolonia, han sido laminadas por oposiciones que, recurrentemente, no eran más que regularizaciones masivas de profesores interinos ajenas a cualquier principio de mérito hasta rozar la obscenidad. ¿O no era obsceno que opositores con un diez quedaran sin un trabajo que se concedía a quien ni siquiera era capaz de aprobar un examen de su materia?
Hoy la desfachatez alcanza cotas inimaginables, y ahí la izquierda de la tabla rasa ha encontrado a una derecha siempre dispuesta a hacer lo que le marcan los sindicatos, principales protagonistas de tanta desfachatez. La misma Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que ha denunciado, con toda justicia, la sórdida convocatoria del Ayuntamiento socialista de Los Alcázares, es la que en las últimas convocatorias de oposiciones de enseñanza media (y este año ya lo han anunciado así para los maestros de primaria), ha implantado, siguiendo las directrices social-sindicalistas, un sistema por el que los interinos ya ni siquiera tienen que presentarse ante el tribunal: ¡les mandan un informe firmado por el jefe de departamento con el que han trabajado! Los desvergonzados métodos de ‘selección’ universitaria –donde ya no hay exámenes ni oposiciones, pues en la mayor parte de los casos sólo se presenta el candidato oficial a un indecoroso paripé- se han extendido para generalizar la muerte definitiva de cualquier atisbo de mérito.
Apliquen esto -aunque seguramente todos lo conocen, todos han mirado para otro lado en alguna ocasión, casi todo el mundo tiene ya vergüenzas en armarios que prefieren no abrir- a la sanidad, con las también masivas regularizaciones de médicos; o a los procesos digitales con que se hizo jueces a ‘prefesionales de reconocido prestigio’ y estupendas relaciones políticas; los ascensos y descensos en la policía, en las Fuerzas Armadas socialistas, las concesiones televisivas, las subvenciones para artistas y cineastas para pagar acciones de propaganda, y así está el cine… hasta el agua se distribuye por adhesión partidaria. Vivimos, en fin, en una inmensa Logse de torpes promocionados, un principio de Peternacional y, especialmente, autonómico, donde los nacionalistas en su predios están alcanzando auténticas cotas de gloria en cuanto a nepotismo, indigencia intelectual y derroche sectario.
Y, ante la crisis, todavía nos preguntamos por qué estamos en manos de una panda de capullos exclusivamente preocupada de perpetuarse en el poder y salvar su culo, y que no tiene ni zorra idea de cómo salir de esto. ¡Ah!, queridos conciudadanos: esa panda de capullos la hemos criado nosotros. Son nuestros capullos.
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Un coche bomba robado anoche en Valdemorillo ha explotado a las nueve de la mañana en el Campo de las Naciones de Madrid frente a la sede de Ferrovial-Agroman, una de las empresas constructoras encargadas de la realización de la Y vasca, en concreto de un tramo comprendido entre las localidades de Legutiano y Escoriaza II. Se trata de un paso subterráneo de 2,1 kilómetros bajo el monte Albetia. El vehículo ha estallado aproximadamente hora y media después de que se recibiera un aviso de su colocación en Cruz Roja. El atentado no ha dejado heridos, aunque no se descarta la posibilidad de que haya un segundo coche bomba según publica el diario El Mundo .
La explosión, que se ha podido escuchar en toda la zona este de la ciudad, según testigos, se ha producido a la altura del número 42 de la calle de la Ribera del Loira, frente a la sede de la constructora Ferrovial Agromán, donde la Policía había localizado una furgoneta Peugeot Partner sospechosa.
En el centro de Coordinación de Cruz Roja un comunicacnte en nombre de ETA llamó a las 07.37 horas anunciando la colocación del vehículo: "Llamo en nombre de ETA. Hemos colocado una furgoneta-bomba en la calle Ribera del Loira junto al edificio de Ferrovial-Agromán que estallará a las 9:00 horas".
Cruz Roja dio aviso a la Policía Nacional y envió una ambulancia, que llegó al lugar junto a otra del SUMMA, indicaron a Efe fuentes de la organización.
La Policía había acordonado toda la zona y los accesos al Campo de las Naciones e IFEMA, en las proximidades de la M-40, lo que ha ocasionado grandes atascos, según información del centro de pantallas del Ayuntamiento.
La furgoneta-bomba fue robada la pasada noche en la localidad madrileña de Valdemorillo, según ha confirmado la Policía.
Daños materiales
La explosión ha dejado un cráter en el suelo de tres metros de diámetro por un metro de profundidad, así como daños materiales en al menos 50 vehículos estacionados en la zona, en un puente cercano a la M-40 y en la estructura exterior de un edificio.
A pesar de estos destrozos, fuentes de la investigación han explicado a Efe que la carga explosiva ha explotado sólo parcialmente, ya que una parte de la misma se ha quemado y no ha incrementado el efecto devastador esperado por los terroristas.
Askatasuna y D3M no estarán en las elecciones
El atentado se ha producido 11 horas después de que el Tribunal Supremo acordara a última hora de ayer anular la proclamación de las candidaturas del partido Askatasuna y de la agrupación electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) a las elecciones vascas del próximo 1 de marzo, que habían sido impugnadas por el Gobierno y por la Fiscalía.
Así lo han acordado los magistrados de la llamada "Sala del 61" del Tribunal Supremo a las 23:20 horas, por unanimidad. Askatasuna y D3M aún podrán recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que deberá pronunciarse antes del comienzo de la campaña electoral de los comicios autonómicos vascos, fijado para las 00:00 horas del próximo viernes.
El primer atentado en Madrid tras la T4
Éste es el primer atentado en la capital tras diciembre de 2006 con la voladura del aparcamiento de la T-4 de Barajas. El atentado causó importantes daños materiales y la muerte de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. A
Hace exactamente cuatro años, el 9 de febrero de 2005, y casi a la misma hora, ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con unos 30 kilos de cloratita en la misma zona en la que ha atentado hoy, el Campo de las Naciones de Madrid.
En aquella ocasión, la explosión produjo heridas leves a 43 personas, la mayoría ciudadanos que acudían a las muchas oficinas que se concentran en esa zona del noreste de la capital, en la que se encuentra también el recinto ferial de IFEMA que acoge las grandes ferias internacionales.
El atentado de 2005 se produjo en la calle de la Ribera del Sena, frente a un edificio en el que se ubican varias empresas y a unos 500 metros de la puerta sur de los Recintos Feriales de IFEMA, donde esa tarde los Reyes y el presidente de México, Vicente Fox, tenían previsto inaugurar la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO).
Estas fuentes afirman que, para ahorrar dinero, las fragatas de la serie ‘Baleares’ -a la que pertenece la “Extremadura”- no se sometían desde 2.001 a tales revisiones. Se desconoce si ése pudo ser el detonante real de la tragedia. Estos mantenimientos obligatorios son caros y exigen tener las fragatas durante muchos meses amarradas, sin navegar.
Las labores de mantenimiento se fueron relajando poco a poco desde ese año 2001, y en lugar de las revisiones obligatorias se hacían chapuzas para solucionar problemas puntuales, como soldaduras de tubos que realizaba el personal de a bordo.
Las fuentes militares consultadas por ECD señalan que dichas labores de mantenimiento son necesarias, especialmente en el caso de las calderas. Sin embargo, se optaba por dedicar el presupuesto a fragatas más nuevas.
El juez togado militar de La Coruña, que lleva el expediente por la explosión, ha tomado declaración en las últimas semanas a dos capitanes de corbeta, un teniente de navío y al cabo primero José Miguel Gago Chao.
El cabo primero, que fue sancionado con dos meses de arresto por denunciar públicamente negligencias previas a la explosión en la fragata ‘Extremadura’, castigo después suspendido gracias a la intervención de la reina doña Sofía, ha ratificado que pidió a sus superiores que se apagara la caldera y no le hicieron caso. Por su parte, los peritos han afirmado que -probablemente- aunque se hubiera apagado, habría continuado existiendo el riesgo de explosión.
La investigación sobre la fragata ‘Extremadura’ sigue abierta después de que se descubriera que había sido destruido uno de los informes elaborados sobre las causas de la explosión. El juez ha citado a declarar a los militares de Seguridad Operativa de la Armada que redactaron en su día el informe, para que aporten nuevos elementos que aclaren por qué estallaron las calderas de la fragata.El presidente del Gobierno, que por fin hablará esta semana del paro en el Congreso, ha hecho este domingo una encendida defensa de su criticado Plan E con alusiones a los medios de comunicación. Este domingo, ABC cuenta que muchos pueblos utilizarán el dinero para renovar cementerios
(Libertad Digital) En una reunión con alcaldes socialistas, y en vísperas de su tardía comparecencia en el Congreso para hablar de la crisis –sí acudió, en cambio, a Tengo una pregunta para usted–, José Luis Rodríguez Zapatero ha definido su plan E como un "hito" que marcará un "antes y un después".
Zapatero le ha augurado un "gran éxito", pese a que muchos ya han señalado que sólo servirá para crear empleos temporales y buena parte del dinero se quedará en el camino. Para el presidente, sin embargo, su publicitado plan de inversión local recoge su "concepción de democracia". "Un hombre solo no puede vencer grandes dificultades, hay que contar con toda la ciudadanía, con todos los ayuntamientos", ha proclamado.
El presidente ha querido también contestar a las numerosas críticas que le han costado algunos de los extravagantes proyectos presentados por los consistorios. Zapatero ha optado por arremeter contra los medios: "Hay que reconocerles a algunos el mérito en leer toda la lista".
"Me ha sorprendido que critiquen en medios de la derecha" y "en alguna emisora", en clara alusión a la Cope, "que haya proyectos para hacer cementerios como si no fuera necesario". "Este es un gran proyecto, para crear empleo y mejorar la vida de mucha gente", ha continuado el presidente, que aludía así a una información de ABC de este domingo, que cuenta que muchos municipios aprovecharán el dinero para renovar nichos y sepulturas. Uno de ellos, el de Pedreguer, construirá, incluso, un "espacio de meditación".
Zapatero ha insistido en hablar de "crisis global" para referirse al cada vez más precario estado de la economía española. Para volver a crecer, ha dicho, hace falta "trabajo, solidaridad y principios éticos en la economía", que son, según él, el "santo y seña del puño y la rosa".
"Ninguna familia" en la "cuneta"
"El Gobierno de España, de todos los españoles, es hoy, ante todo, el Gobierno de las personas que pierden su empleo, de las familias con más dificultades", ha enfatizado el presidente antes de garantizar que va a poner todos los medios y todos los recursos para luchar contra el paro y para proteger a los afectados por el desempleo.
En tono solemne, ha expresado un compromiso: "Os puedo asegurar que el Gobierno no dejará a ninguna familia tirada en la cuneta, seguirá aumentando la protección social y favoreciendo las oportunidades ante el desempleo". En esa línea, ha asegurado que el Ejecutivo continuará el trabajo "codo con codo" con empresarios y sindicatos para favorecer el empleo, adoptará nuevas iniciativas con ese objetivo y dará protección social a las familias con más necesidades.
Cuantifica a los afectados por el paro
El jefe del Ejecutivo ha recalcado que la crisis no puede servir y no va a servir, "como a algunos les gustaría" -ha precisado-, para deteriorar las condiciones del trabajo y los derechos de los trabajadores, ni tampoco para facilitar el despido. Por eso, ha instado a contar con los sindicatos para garantizar el trabajo digno, de la misma forma que ha dicho que el Gobierno va a contar con ellos y con los empresarios en la lucha contra el paro porque no la puede acometer a solas.
Tras explicar que un veinte por ciento de la población puede verse afectada por el desempleo, ya que pueden sufrirlo directamente o padecerlo algunos familiares, ha explicado que, precisamente por ello, este problema es el principal al que hay que hacer frente.
Ha recalcado que esta crisis no la han generado los trabajadores, sino quienes "no tienen escrúpulos y los que piensan en la avaricia", pero ha subrayado que sí van a ser los ciudadanos los que harán que se salga de ella. En su discurso, ni asomo de autocrítica a la gestión de su gabinete.
