Zapatero se confunde: el Estado de bienestar sí está en peligro

En verano no habrá dinero suficiente en el Inem para pagar el paro y todavía no se sabe de dónde saldrán los recursos para sufragar la Dependencia. Cada día se pierden cerca de 6.600 empleos, pero serán necesarios tres millones de cotizantes más para abonar las pensiones en 2020.

Zapatero

M. L. Nalda / E. Morales

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha empeñado en garantizar y fortalecer el Estado de bienestar en tiempos de crisis. Insiste en que seguirá subiendo las pensiones; pagará el desempleo a un número de parados cada vez mayor; no rebajará la cuantía del subsidio, pese a la subida histórica del paro y, todo ello, con un histórica caída de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales.

 Las cuentas no salen. Para mantener un Estado de bienestar como el español hace falte gente trabajando —y mucha— cuando eso es precisamente lo que falta ahora en España. Si la crisis persiste y no se realizan reformas estructurales oportunas, la protección social de la que disfrutan los ciudadanos tiene sus días contados.

 A día de hoy, sólo el pago de las prestaciones de desempleo a más de dos millones de parados está comprometiendo seriamente las cuentas públicas. El presupuesto estimado no alcanza y ya en otoño de 2008 la caja del Inem estaba vacía, siendo necesaria una inyección por parte de Hacienda.
 En el año que acaba de comenzar, la operación rescate inevitablemente volverá a repetirse y las aportaciones del ministerio de Solbes serán necesarias antes de que comience el segundo semestre.

Medio y largo plazo
Si la situación a corto plazo es preocupante, a medio y largo plazo —más de 10 años— la cobertura de determinadas prestaciones sociales será primero, difícil, y después, imposible.
 El Estado de bienestar descansa en cuatro patas: sanidad, educación, pensiones y dependencia, más la cobertura del desempleo.

 El envejecimiento de la población disparará el gasto sanitario. Los hospitales deberán atender a más pacientes; precisarán más personal y medios técnicos y encararán frentes ya abiertos como las listas de espera o la mejora asistencial, con mayor dificultad. La Dependencia también tiene un largo recorrido por delante. Se sabe lo que costará, pero no de dónde saldrá el dinero.



 Pero el principal problema será el pago de las pensiones. Su reforma no se ha hecho en tiempos de bonanza y ahora resulta más complicado emprenderlas. El gasto en pensiones supera el 50% del presupuesto de la Seguridad Social y equivale al 8% del PIB nacional: más de 80.000 millones. A partir de 2020, supondrá la quinta parte de la riqueza nacional.

 Desde los años 90, el pago de esta prestación se ha resuelto gracias a la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral y a la entrada de 4,5 millones de inmigrantes en sólo una década. En 1997 sólo había 12,8 millones de cotizantes en la Seguridad Social; diez años después eran más de 19,5 millones.
 Sin embargo, agotada la vía de la incorporación de la mujer al mundo laboral, cerradas las puertas del trabajo a los inmigrantes y con cada vez mayor número de jubilaciones y prejubilaciones, lo que fue una solución entonces, ahora se vuelve en contra de la sostenibilidad del sistema. En poco más de una década, estos integrantes del mercado laboral también tendrán derecho a una pensión, pero es muy dudoso que lleguen a cobrarla: hoy algo más de 5 personas cotizan para pagar una jubilación, en 15 años serán 2,5 y en dos décadas aún menos. Sólo la ampliación del mercado laboral en al menos 3 millones de personas podría garantizar el pago de las pensiones.

 La causa hay que buscarla en los bajos índices de natalidad que España acusa desde los años 80. La ruptura del equilibrio demográfico supondrá que entre 2005 y 2030 la población en edad laboral caerá 3 puntos y la mayor de 65 años aumentará 2. Pero los cambios que se avecinan en la década siguiente serán mucho más pronunciados: una caída de casi 8 puntos en la proporción de población en edad laboral y un aumento de casi 6 en la mayor de 65 años, según proyecciones de la Seguridad Social.

 Asimismo, el envejecimiento masivo de la población plantea un reto a la hora de mantener los objetivos marcados en la Ley de Dependencia: exigen una financiación muy costosa derivada de un sistema asistencial a largo plazo y para todas las edades. Sobre las autonomías recae el peso de su sostenibilidad; aún no funciona al 100% y ya se reclaman mas recursos para garantizar su viabilidad.