Presenta a los agentes sociales medidas por 10.550 millones, de los que 10.000 son para cubrir el error de cálculo del Presupuesto
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha enviado a los agentes sociales un decálogo de medidas urgentes para abordar en el diálogo social. La medida estrella, y que aparece como el punto número uno, es «el compromiso del Gobierno de incrementar las dotaciones presupuestarias en la cuantía necesaria para garantizar el derecho de los trabajadores desempleados al cobro de las prestaciones por desempleo».
El coste de la medida asciende a 10.000 millones de euros que se añadirán a los 21.000 millones que ya estaban presupuestados. De este modo, el Gobierno reconoce, pese a las últimas declaraciones de alguno de sus miembros, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho o el propio presidente Zapatero, que los cuatro millones de parados están a la vuelta de la esquina.
Esta nueva dotación presupuestaria, que supondrá un nuevo agujero para las ya deterioradas arcas públicas casi un punto de PIB, se justifica por el error de cálculo del Ejecutivo, que en los Presupuestos se quedó muy corto en sus pronósticos sobre la evolución del desempleo. Sin embargo, Rodríguez Zapatero, que acudirá el próximo martes al Congreso a explicar la situación de la economía española, venderá la obligación del Gobierno de pagar las prestaciones a los desempleados, como un nuevo esfuerzo de la política social del Ejecutivo.
Más déficit público
Según estas cifras, por tanto, las previsiones de estabilidad presupuestaria que el Ejecutivo acaba de mandar a Bruselas vuelven a quedarse en papel mojado. Tan sólo tres semanas después de estos cálculos, el objetivo de cerrar el ejercicio con un 5,8% del PIB de déficit público, casi el doble del límite permitido por Bruselas, se ve ampliamente superado, rozando ya el 7% del PIB. Expertos consultados recuerdan, además, que estas cifras todavía no incluyen el coste del nuevo sistema de financiación autonómica en el que el Estado Central cederá a las comunidades autónomas en torno a 8.000 millones de euros. Economía asegura que en principio este trasvase de fondos entre administraciones debería ser neutro para el déficit conjunto, pero el propio Gobierno reconoce que la realidad no es ésta y que el sistema se traducirá en más déficit público.
Aunque los 10.000 millones que se tendrán que destinar a pagar el paro absorben prácticamente la totalidad del dinero que el Gobierno destinará a este nuevo paquete de medidas de reactivación económica, las propuestas enviadas a sindicatos y empresarios incluyen otras nueve propuestas.
Entre ellas está la posibilidad de utilizar parte de las prestaciones pendientes de recibir por el desempleado como bonificación al empresario que le contrate de forma indefinida. En todo caso, esta medida tiene carácter voluntario y deben ser los propios desempleados quienes la soliciten. El Gobierno asegura que esta propuesta «se diseñará de tal forma que no tenga costes adicionales para los Servicios Públicos de Empleo».
Hay otras dos medidas que también suponen rebajas en las cotizaciones que pagan los empresarios. Una de ellas se refiere a los supuestos de regulaciones temporales de empleo (ERE) y consiste en bonificaciones del 50% en las cuotas para los empresarios que mantengan al trabajador en la empresa al menos un año con posterioridad a la suspensión temporal del empleo. Otra de las iniciativas tiene como objetivo fomentar la contratación a tiempo parcial. Para ello, se ofrece la posibilidad de mejorar las bonificaciones, que se podrán modular en función de las características de cada empleado o de la empresa.
Además, el Ministerio de Trabajo ha propuesto retrasar hasta final de año las dotaciones a realizar al fondo de reserva de las pensiones con el objetivo de utilizar el margen de tesorería en la concesión de aplazamientos a empresas en sectores en crisis, que se comprometan a mantener el empleo.
Para complementar las ayudas financieras a las pymes, se creará una nueva línea ICO-Liquidez para medianas empresas, cuyo volumen de negocio esté entre los 50 y los 300 millones de euros y un volumen de activos entre 43 y 300 millones de euros.
Para los trabajadores se prevé eliminar los periodos de espera desde que se acaba el derecho a la prestación por desempleo hasta que pueden cobrar el subsidio, y que suele ser de un mes.
En el caso de ERE temporales se contempla la posibilidad de reponer los periodos de prestación consumidos por los trabajadores durante el tiempo que dure la suspensión del contrato, en los casos en que finalmente se extinga totalmente la relación laboral por un expediente. Se trataría de una medida coyuntural cuyo coste previsto está entre los 255 y los 319 millones de euros.
Por último, el Gobierno propone que se impulsen acuerdos en el seno de la negociación colectiva para que se acepten cláusulas de descuelgue para aquellas empresas que mantengan el empleo. Y se pretende dedicar 100 millones a mejorar la orientación profesional en los servicios de empleo.
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