El PP cuestiona a Touriño como candidato
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que si ella fuera Emilio Pérez Touriño, «me pensaría muy mucho» seguir optando a la reeleción en las próximas autonómicas, después «de todo lo que se ha gastado en productos de lujo». «Es vergonzoso», proclamó. El líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, pidió en Onda Cero el cese del consejero de la Presidencia responsable de las obras, José Luis Méndez Romeu, y de no producirse, secundó a Sáenz de Santamaría y cuestionó la capacidad de Pérez Touriño para ser candidato a la Xunta.
Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por esta cuestión, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se limitó a repetir la línea oficial, según la cual «tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Xunta han adoptado medidas para luchar contra la crisis, para apoyar a las familias y medidas de austeridad». Sin más.
«La acción de mi gobierno ha estado presidida por la transparencia, la austeridad y el rigor», ha proclamado solemnemente Emilio Pérez Touriño esta semana para intentar justificar el escándalo del gasto de cuatro millones de euros en la reforma de tres salas de reuniones en la sede oficial de la Xunta de Galicia.
Una vez más, el argumentario prefabricado del mandatario gallego tropieza con una realidad bien diferente: su gobierno arrastra severas denuncias de opacidad en su gestión, los escándalos por despilfarro se amontonan y su afirmación de que el Parlamento gallego fiscaliza la acción de su gobierno es meramente eufemística.
TRANSPARENCIA
Leyes de cara a la galería e incumplidas
Cuando alcanzó la Presidencia de la Xunta, Touriño se erigió como el garante de «un nuevo modo de hacer política», lejos del clientelismo atribuido a la etapa de Fraga. Las leyes de Transparencia, Subvenciones y Publicidad Institucional se anunciaron para garantizar los «bolsillos de cristal» de la administración. Cuatro años después, el último de los textos no se ha aprobado -lo que está permitiendo un despliegue propagandístico en precampaña de enormes dimensiones-, y el primero, el emblema del bipartito, se incumple incluso por la propia Presidencia.
La Ley de Transparencia obligaba a la Xunta a recoger en su página web nominalmente «las retribuciones públicas» de, entre otros, «el personal eventual que ejerza funciones de carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial», tanto en los gabinetes del presidente como en los del resto de consejeros.
En la web oficial de la Xunta, en el página del presidente, se incluye un documento en formato pdf en el que se cita a doce personas dentro del apartado de «personal de gabinete». La suma de sus retribuciones brutas en 2008 ascendió a 615.273 euros. Sin embargo, en los Presupuestos autonómicos para este año, en el que se mantienen los gastos de este tipo de 2008, la partida para asesores asciende a 2,4 millones de euros, un desfase sin justificar de 1,8 millones.
AUSTERIDAD
Más gasto en asesores y gusto por el lujo
Las políticas de austeridad son una asignatura pendiente del gobierno de Touriño. Ha aumentadò a lo largo de esta legislatura en cerca de dos millones de euros el gasto en altos cargos y personal eventual de gabinete, pasando de 18,3 millones de euros en 2006 a los casi 20,2 millones recogidos en los Presupuestos de este 2009.
El aumento en el gasto ha sido una constante en el gobierno de Pérez Touriño a lo largo de todas las Cuentas públicas que ha tenido que confeccionar. De 2006 a 2007 pasó de 18,3 millones a 18,7, rozando los 20,1 en 2008 y con una previsión próxima a los 20,2 este año. A eso se suma los ya conocidos casos de su cuarto blindado, o las reformas millonarias en la sede de la Xunta.
RIGOR
De espaldas al control parlamentario
El Parlamento, institución que el dirigente socialista aseguró que se convertiría en «el centro de la vida política», ha pasado a ser un elemento decorativo. La pinza PSOE-BNG en la Cámara ha obstaculizado cualquier intento de la oposición de investigar los distintos escándalos que han salpicado de lleno al gobierno, pese a que Touriño dijo el jueves que «no hay restricciones» con la labor del Legislativo autonómico.
En primer lugar, socialistas y nacionalistas impidieron una comisión de investigación en la adjudicación de una autovía, que la Xunta modificó en el último momento en beneficio de Sacyr, argumentando «motivos de seguridad», y pagando 30 millones de euros más de la cantidad inicial.
Meses después, cerraron en falso otro órgano que investigaba el uso de fondos públicos en la contratación de una agente electoral del PSOE, que implicaba directamente a dos consejeros y un alto cargo del gobierno. Ambos asuntos, esquinados por el bipartito en el Parlamento, sí encontraron respuesta en los tribunales, que han abierto sendas diligencias.
Más gráfico si cabe es el desprecio evidenciado con la negativa del gobierno de enviar la documentación de la compra del cuarto blindado de Touriño por 480.000 euros o las reformas de su despacho y áreas anexas -2,2 millones de pesetas-. Aduciendo el carácter «secreto por motivos de seguridad» de ambos procedimientos, la Xunta da cerrojazo a que se conozcan más detalles.
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