Como no cobraba de la AVT y mi dedicación gratuita a la asociación me impedía ocuparme debidamente de mi negocio, entonces no atenta contra mi honor que alguien diga que vivía a costa de la AVT. ¿Y estos jueces son los que imparten justicia en España?
En estos días he podido conocer a través de la prensa que la AVT denunció a Juan Domínguez y al diario Público. No fui yo quien interpuso la denuncia. Supe que se iba a haber juicio el mismo día en que se celebró, con la indefensión que ello supone, al no poder declarar en la vista. Un hecho que no ha impedido al periodista Enric Sopena mentir al respecto. Lo que más lamento es que quien dirige hoy la AVT no tuviera a bien informarme del citado proceso judicial, para darme la oportunidad de denunciar las calumnias que se estaban vertiendo sobre mí.
Los argumentos de la denuncia estaban basados, principalmente, en dos cuestiones. Por un lado, en unas declaraciones en las que se decía que en la asamblea de la AVT en 2006 –aquella en la que Pablo Broseta quiso hacerse con la presidencia de la AVT– se habían producido irregularidades. La segunda cuestión denunciada es que en los medios de comunicación citados se decía que "Alcaraz había vivido los dos últimos años a costa de la AVT".
En cuanto a la primera de ellas, ni que decir tiene que la asamblea fue estrictamente ajustada a derecho y completamente legal. Prueba de ello es que ni Broseta ni las pocas personas que lo apoyaban presentaron queja alguna ni ante la AVT ni ante los tribunales. De modo que esas declaraciones eran fruto, exclusivamente, de una pataleta, al ver que no habían conseguido el apoyo mayoritario de los socios de la asociación.
En lo que se refiere a la afirmación de que en los dos últimos años yo había vivido a costa de la AVT, entramos ya en el terreno de la calumnia. La sentencia, que según el abogado de la AVT será recurrida y que ha sido dictada por doña Cristina Fernández Gil, magistrada del juzgado de primera instancia número 2 de Madrid, es un claro ejemplo de lo que no debe ser la justicia. Porque la sentencia reconoce explícitamente que jamás cobré un sueldo ni una dieta fija de la AVT. Sin embargo, sostiene que no atenta contra mi honor afirmar que yo vivía a costa de la asociación.
Argumentar, como lo hace la sentencia, que esa afirmación de que yo "vivía a costa de la AVT" podría justificarse en que la AVT me abonó los viajes y las comidas cuando tenía que desplazarme, como presidente de la asociación, desde mi domicilio en Jaén a Madrid o a cualquier otro lugar de España, constituye una auténtica ofensa tanto a la AVT como a mi persona. Como también es una ofensa que se diga que yo cobraba conferencias. La sentencia es incapaz de señalar una sola conferencia que yo haya cobrado y que no haya ingresado en las arcas de la AVT.
Lo que ya no es una ofensa, sino algo mucho peor, es que para justificar la afirmación de que yo vivía "a costa de la AVT" se utilice el argumento de que la dedicación a ella no me permitía atender debidamente de mi negocio. O sea, que como no cobraba de la AVT y como mi dedicación gratuita a la asociación me impedía ocuparme debidamente de mi negocio, entonces no atenta contra mi honor que alguien diga que yo vivía a costa de la AVT. ¿Y estos jueces son los que imparten justicia en España?
Si después de hacer en un año decenas de miles de kilómetros resulta que dormir en una cama montada en un despacho de la asociación para que ésta no incurra en gastos de hotel y pagarme el menú del día cuando estaba en Madrid, suponiendo de gasto a la semana un total de poco mas de unos 100 euros de coste para la AVT, es vivir de ella, reto a la jueza a que me demuestre si una familia puede vivir así.
Decir que he obtenido ingresos por mi relación con la AVT, señora jueza, es falso. En estos dos años tan sólo se ha abonado al presidente de la AVT una conferencia en los cursos de verano de Aranjuez, y un premio –irónicamente "a la Justicia"– que recibí de la Comunidad Valenciana. Ambos fueron abonados directamente en la cuenta de la AVT, tal y como se puede comprobar en las auditorías, que son públicas.
Lo más grave del asunto es que la jueza ha dictado la sentencia sin factura alguna o documento bancario que acredite lo que dice. Porque no existen. La sentencia se sustenta íntegramente en las declaraciones de testigos como Daniel Portero, Juan Domínguez y Gracia Roca (que llegó a insultarme en el juicio llamándome "enano", sin que la jueza tuviera ni siquiera la delicadeza de interrumpirla y llamarle al orden).
Dicho sea de paso, los hermanos Portero se alternan últimamente de juzgado en juzgado como testigos propuestos por la defensa de Enric Sopena, Interviú, Público y el resto de medios que se dedican a difamar a la AVT y a mi persona. Flaco favor están haciendo a la causa sirviendo de coartada a quienes constantemente han perseguido y persiguen a las víctimas del terrorismo y a la rebelión cívica.
El sentido común y la verdad se impondrán en instancias superiores, pero ¿qué sucede con las personas afectadas mientras pasan años desde que se vierte la calumnia hasta que salen los juicios y apelaciones?
Mientras las apelaciones se resuelven, el acorazado mediático afín a Zapatero ha tratado de arrastrar por los suelos la reputación de quienes se han atrevido a ponerse en su punto de mira. Para cuando las apelaciones se resuelvan, ya será tarde. Y la Justicia es menos justa cuanto más tarda en aplicarse. Está claro que este episodio es la continuación de la ofensiva que pretende que quien dirigió la AVT quede escarmentado. Y si para ello se tiene que recurrir a la calumnia y a la mentira, se recurre.
No estaría de más que esta jueza o los medios que se inventan noticias y tergiversan hechos hubiesen investigado mi patrimonio cuando comencé en la AVT y en el momento que la dejé. Podrían comprobar que ha disminuido en un 70 por ciento. O a lo mejor es que sí lo han investigado y por eso se ven en la necesidad de mentir y difamar, a falta de datos con los que atacarme. En todo caso, puestos a valorar, hemos sido mi esposa y yo los que hemos contribuido a reflotar una AVT que estaba en quiebra con un sacrificio personal realizado por la memoria de mi hermano Ángel y de mis sobrinas Miriam y Esther, asesinados por ETA. Pero claro, esto no lo pueden entender quienes jamás sacrificarían ni sacrifican sus negocios y patrimonios por una causa justa. Algunos sólo entienden a las personas que se mueven exclusivamente por dinero.
No se me escapa que todo lo que está pasando era en parte previsible, habida cuenta de lo que han supuesto estos años de persecución contra mi persona. Lo que yo no podía ni imaginar es el silencio de los "corderos". No es de recibo que los que han quedado como actuales representantes de la AVT, después de la dimisión de dos de los cinco miembros de la junta directiva, permitan con su silencio que se humille a una víctima del terrorismo, socio de la asociación y presidente de una junta que la sacó de la quiebra. Quien así actúa no merece representar unas siglas que defienden la Memoria, la Dignidad y la Justicia de los asesinados por el terrorismo
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