Muerte civil es esa situación en la que una persona es privada de sus derechos y, en consecuencia, de su personalidad jurídica, lo que hace que, a efectos legales, esté muerta o no exista, aunque siga viva y exista.
Si el Estatuto de Cataluña habla del pueblo catalán y sus derechos, y no habla de las dos comunidades sociolinguísticas que integran la sociedad catalana, está condenando a muerte civil a más de la mitad de su población, concretamente a la comunidad de lengua española, que, formada por más cuatro millones de personas, es claramente mayoritaria.
Tres preguntas ingenuas e intempestivas:
¿Puede aprobar el Tribunal Constitucional ese Estatuto?
¿En qué delito incurrirría el Tribunal Constitucional si lo aprobara?
¿A qué instancia debería apelar la comunidad de lengua española de Cataluña para hacer valer sus derechos en el caso de que el Tribunal Constitucional no lo hiciera?
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