Si el Supremo acepta la argumentación de la Abogacía y de la Fiscalía, la democracia habrá evitado que, con sólo unas declaraciones desmarcándose de la violencia, unas gentes que han propiciado cientos de asesinatos regresen al sistema sin haber siquiera reconocido el daño causado, ni haberse comprometido a proporcionar a las víctimas una restitución moral.
Éste que está ahora planteado ante el Tribunal Supremo era el plan A de los terroristas y sus subordinados; éste, y no el de la constitución de Sortu, que en realidad fue una maniobra de despiste, el auténtico plan B.
Lo que en estas horas están discutiendo los miembros de la Sala del 61 del Supremo es si la fórmula de coalición electoral entre dos partidos legales -Eusko Alkartasuna y Alternatiba- y un tropel de independientes dominados por una Batasuna que ya se ha visto que es la que manda en la coalición está o no viciada de origen, porque es el resultado del diseño de la banda terrorista para conseguir que sus gentes se cuelen en la legalidad. Y si ese vicio es suficiente como para echar abajo todas sus listas, lo cual dejaría vacía de contenido la propia coalición electoral. Deliberan también sobre si deben rechazar unas listas pero admitir otras.
Pero, al margen del debate jurídico, lo que se está jugando en estas horas de hoy ante el Supremo es de una importancia capital para la vida de la democracia española.
Si esta noche los magistrados aceptan la argumentación de la Abogacía General del Estado y de la Fiscalía, los proetarras habrán perdido un primer pulso, aunque no la apuesta global, porque aún tendrían por delante el recurso al Constitucional y, si acaso, ante Estrasburgo. Sin embargo, la democracia habrá logrado evitar que, con sólo un puñado de declaraciones desmarcándose de la violencia, unas gentes que han secundado, aplaudido y propiciado cientos de asesinatos regresen tranquilamente al sistema sin haber siquiera reconocido la inmensa dimensión del daño causado, ni haberse tampoco comprometido a proporcionar a las miles de víctimas una siempre insuficiente restitución moral.
Y algo más, que supondría una garantía enorme para la estabilidad del sistema democrático: la no participación de esta Batasuna disfrazada en las municipales de mayo permitiría que los proetarras tuvieran la ocasión de demostrar que estas últimas y apresuradas declaraciones de «rechazo a cualquier tipo de violencia» son sinceras. Primero, porque al no existir ya la perentoriedad del plazo de la cita electoral, podría aliviarse la sospecha de que están actuando por razones de urgente interés práctico y no por verdadero convencimiento moral. Y, segundo, porque si el sistema no les abre la puerta, ahora será el momento de comprobar si la banda terrorista no regresa a las amenazas de asesinatos porque no se hayan cumplido sus planes y, por el contrario, mantiene su tregua y sigue sin extorsionar a los empresarios.
Pero en estas mismas horas en que se publica este artículo en absoluto está claro que el Supremo, con la Constitución y las leyes vigentes en la mano, vaya a levantar un dique ante la habilísima maniobra urdida por los proetarras para introducirse por las escotillas que todavía pueden ser forzadas en nuestro Estado de Derecho. Y si la Sala del 61 no admite hoy las alegaciones de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado y da vía libre a la coalición organizada por Batasuna y, detrás de ella, por ETA, sucederán varias cosas, todas ellas muy negativas.
Primera, que el Poder Judicial dará un monumental revolcón histórico conjuntamente al Ejecutivo y al Legislativo que ha elaborado las leyes en las que se han basado las alegaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado.
Segunda, que ante la opinión pública serán los jueces, y nadie más que los jueces, quienes carguen con la responsabilidad de haber abierto la puerta a los secuaces de la banda autora de tantísimos asesinatos y de tan tremendos ataques al sistema. Porque aquí va a pasar una cosa, probablemente la única buena que le va a suceder al Gobierno en esta temporada. Y es que, ante los ojos de los electores, ni Zapatero ni Rubalcaba serán los culpables de que ETA se cuele en las instituciones. Otra cosa es que este posible nefasto resultado para la democracia le pueda venir bien al Ejecutivo de cara a sus acercamientos al sector menos radical de los batasunos para seguir intentado lo que muchos creemos imposible, pero otros muchos en el PSOE creen probable: que la izquierda abertzale acabe separándose de verdad de los asesinos y les fuerce a abandonar la actividad terrorista. De modo que, si el Supremo dice no a Bildu, se entenderá como un éxito del Gobierno y de sus esfuerzos por impedir la entrada de ETA. Pero si el Supremo dice sí, no se entenderá como un fracaso del Gobierno, que podrá decir tranquilamente: «Yo no he sido, los culpables del desastre han sido estos señores», los jueces. Con lo cual se producirá otro daño colateral, que será el del desprestigio ante la sociedad española del Tribunal Supremo, que se sumará así al descrédito absoluto que ya padece el Constitucional. Conclusión: por razones diferentes, los tres poderes del Estado saldrán seriamente dañados de este decisivo trance en el que el terrorismo ha enredado al Estado de Derecho.
Tercera consecuencia, ésta estrictamente política: que, una vez que Batasuna haya sido dada por buena para estar en las instituciones, la lectura política que harán ellos y sus jefes, los terroristas, será evidente: los 50 años de asesinatos -ellos los llamarán de «lucha»- no habrán sido en vano, porque habrán conseguido ganar la primera partida. Inmediatamente, y dado que su presencia en la vida política será a partir de ese momento legal y respaldada por los votos tras los comicios de mayo, podrán perfectamente reclamar elecciones anticipadas en Euskadi alegando la profunda alteración, cierta, que en este momento padece el mapa político vasco.
Para entonces, y dado el nuevo escenario, no es descartable que el Partido Popular del País Vasco se vea empujado a romper el pacto con el PSE que mantiene a Patxi López en la Lehendakaritza. Sencillamente, porque uno de los puntos innegociables del apoyo ofrecido por Basagoiti a López a cambio de nada era que de ninguna manera se aceptara la «bondad» de Batasuna mientras los hechos no demostraran fehacientemente que había roto para siempre con ETA, o que ETA había sido derrotada. Y nada de eso ha sucedido.
Pero si el PP retirara el apoyo al PSE, no sólo sería Bildu quien reclamara elecciones anticipadas. También lo haría el PNV, que tiene más escaños que el PSE y que sabe que en todo caso podría gobernar con el apoyo de los radicales legalizados. Y, de ahí, inmediatamente a la reclamación de una nueva forma de Estatuto, que llegaría mucho más lejos aún que el de Cataluña, porque los terroristas y sus subordinados se querrían cobrar el éxito obtenido dando sentido a los 50 años de muertes con la conquista de sus eternas exigencias para no volver a matar: la anexión de Navarra y la independencia.
Todo eso, además del exigible rigor jurídico de su decisión, es lo que tienen hoy en sus manos los 16 del 61. Una enormidad.
Victoria Prego, EL MUNDO, 1/5/2011
