La casualidad ha querido que la visita a España de Tarcisio Bertone, número dos del Papa Benedicto XVI, coincida con el debate, hoy en el Congreso, de tres proposiciones no de ley que pondrán a prueba la voluntad de Zapatero de avanzar hacia un verdadero Estado aconfesional. Pero los socialistas, salvo una improbable sorpresa de última hora, vetarán tanto la retirada de crucifijos en actos públicos como la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede o la regulación del ejercicio de la apostasía.
Bertone, secretario de Estado del Vaticano, llega hoy a Madrid y mañana se entrevistará con Zapatero. Pero antes de ser recibido en La Moncloa, el número dos del Papa será informado por el jefe de los obispos españoles, Antonio María Rouco, de los planes del Gobierno que más incomodan a Roma, entre ellos la ampliación del aborto o la modificación de la Ley de Libertad Religiosa para acabar con la discriminación que sufren las confesiones diferentes de la católica. ¿Un nuevo cisma a la vista entre Zapatero y la Iglesia?
Todo lo contrario: el Vaticano quiere conservar a toda costa los numerosos privilegios de los que sigue gozando en nuestro país, sobre todo una financiación a cargo del Estado que resulta aún más jugosa en estos tiempos de crisis; y el Gobierno está dispuesto a corresponder al gesto conciliador de Benedicto XVI, que el año pasado pidió a Rouco atemperar el virulento enfrentamiento que la Conferencia Episcopal mantuvo con el Gobierno socialista durante la pasada legislatura y buscar vías de diálogo.
Debate inoportuno
En ese escenario, el debate que la Comisión de Justicia celebra hoy en el Congreso no puede resultar más inoportuno para Zapatero, que no tiene el menor interés en abrir un nuevo frente de batalla con los obispos en plena precampaña electoral y bajo el aguacero de la recesión. Poco importa que las expectativas de buena parte de las bases del partido de avanzar en la laicidad se vean defraudadas: manda la estrategia, y ésta dicta que ahora no es el momento de irritar a la Iglesia. La consigna, por tanto, es tumbar las propuestas presentadas por IU-ICV y ERC, que muchos socialistas apoyarían de buen grado de no cruzarse por medio la disciplina de voto.
La primera de las proposiciones no de ley sostiene que "no es entendible ni justificable que en un Estado aconfesional los ministros juren o prometan el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo". Eso es, exactamente, lo que ocurrió durante la ceremonia de toma de posesión del actual Ejecutivo celebrada en el palacio de La Zarzuela, en presencia del Rey, el pasado mes de abril. El Gobierno se escudó entonces en que el protocolo de esos actos lo establece la Casa Real.
IU-ICV y ERC piden al Gobierno que elabore un "protocolo aconfesional" para ese tipo de actos, pero se toparán con el seguro rechazo del PSOE, que ya el pasado verano, durante su 37º Congreso Federal, dio marcha atrás en su intención inicial de eliminar la liturgia católica tanto en los funerales de Estado como en las tomas de posesión de altos cargos.
La segunda de las proposiciones no de ley, que defenderá el diputado catalán Joan Herrera, exige la revisión de los acuerdos derivados del Concordato suscrito en 1953 entre el Vaticano y la dictadura de Francisco Franco. "La financiación del clero y de la Confrencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión oficial" son, a juicio de IU-ICV, algunos de los privilegios concedidos a la Iglesia católica en los acuerdos suscritos entre España y la Santa sede, que la formación de izquierdas exige denunciar y revisar.
"Relaciones de cooperación"
El pasado mes de mayo, el PSOE dejó la puerta abierta en el Congreso de los Diputados a la revisión de esos acuerdos con el Vaticano. Pero dos meses después, también durante su 37º Congreso, volvió a echar el freno al vetar una enmienda presentada por el diputado José Antonio Pérez Tapias que reclamaba la denuncia de los citados acuerdos para, entre otras cosas, hacer que el artículo 16 de la Constitución -que ordena a los poderes públicos que mantengan "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones"- deje de ser papel mojado: frente a los 153 millones de euros que Hacienda ingresó en 2008 a los obispos, musulmanes, judíos y protestantes se repartieron apenas tres millones de euros.
La tercera proposición que se debatirá hoy en el Congreso exige el reconocimiento del derecho a ejercer la apostasía, es decir, el abandono explícito y voluntario de los dogmas y creencias de la Iglesia católica que se asumen por el acto del bautismo. IU-ICV y ERC recuerdan que la Audiencia Nacional aún tiene pendiente de resolución los casos de 221 personas que no han podido apostatar ante la negativa de sus arzobispados o parroquias, por lo que decidieron recurrir ante los tribunales para exigir que la Iglesia borre sus datos personales del registro bautismal.
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