Ridao recuerda que el Gobierno se comprometió a anular el consejo de guerra
El secretario general de Esquerra, Joan Ridao, ha advertido que "después del anuncio hecho por el gobierno español de que la reparación de Companys se agota en el certificado de reconocimiento de su figura, esto no puede quedar así". Ridao ha recordado que "el 15 de octubre de 2004 la vicepresidenta del gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, se comprometió, en el Fossar de la Pedrera de Montjuïc, que el gobierno español iniciaría los trámites para la anulación del juicio del presidente Companys, recogiendo así la voluntad expresada por el conjunto de las fuerzas de tradición democrática".
Ridao ha dicho también que "estamos ante un nuevo incumplimiento, pero eso ya no nos sorprende, a estas alturas lo que será noticia es cuando Zapatero cumpla con sus compromisos". Ha afirmado que "eso demuestra el fracaso de la ley de memoria histórica, y por eso en su momento Esquerra votó en contra. El gobierno de la Generalitat dijo, el pasado 2 de octubre, que haría todo lo que fuera posible, tanto desde un punto de vista político como jurídico para conseguir anulación del juicio. Esta anulación abriría la puerta a la reparación jurídica y moral de miles de represaliats por|para el franquismo".
Por su parte, el ponente de CiU en la ley de memoria histórica y portavoz adscrito a la comisión constitucional en el Congreso de los Diputados, Jordi Xuclà, ha manifestado su "profunda decepción" después de conocer que el ministerio de justicia ha aprobado la reparación de "carácter administrativo" de la sentencia de muerte del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys, ya que, con eso, el gobierno "no ha cumplido con los instrumentos y posibilidades que permite la ley de memoria histórica", que establece "los mecanismos necesarios para proceder a la anulación de los juicios políticos que se produjeron durante el franquismo".
Xuclà ha dicho que "la ley de memoria histórica dota de instrumentos para que sean los tribunales los que anulen estas sentencias. De la misma forma que CiU se opuso a que esta ley obligara al Parlament a actuar de poder judicial, nos parece indigno que la vía administrativa supla al poder judicial".
También ha afirmado que "el gobierno español dispone de una norma para impulsar la nulidad de estas sentencias políticas en el ámbito del poder judicial", y que "el ministerio fiscal depende orgánicamente del Gobierno y, por lo tanto, el ejecutivo tendría que invitar al ministerio fiscal a que impulse la anulación de las 42 sentencias políticas, entre ellas la del presidente de la Generalitat Lluís Companys".
"Lo que más preocupa a los familiares y asociaciones de afectados por la dictadura franquista es la anulación de los juicios políticos", ha afirmado, y ha añadido que "hubo innumerables casos que los tribunales tienen que revisar por dignidad y justicia", porque "se trata de juicios políticos sin cobertura legal ante los cuales familiares y diferentes asociaciones han reclamado la anulación de los juicios políticos que se realizaron sin garantías, ni fundamento de legitimidad jurídica".
Ridao ha dicho también que "estamos ante un nuevo incumplimiento, pero eso ya no nos sorprende, a estas alturas lo que será noticia es cuando Zapatero cumpla con sus compromisos". Ha afirmado que "eso demuestra el fracaso de la ley de memoria histórica, y por eso en su momento Esquerra votó en contra. El gobierno de la Generalitat dijo, el pasado 2 de octubre, que haría todo lo que fuera posible, tanto desde un punto de vista político como jurídico para conseguir anulación del juicio. Esta anulación abriría la puerta a la reparación jurídica y moral de miles de represaliats por|para el franquismo".
Por su parte, el ponente de CiU en la ley de memoria histórica y portavoz adscrito a la comisión constitucional en el Congreso de los Diputados, Jordi Xuclà, ha manifestado su "profunda decepción" después de conocer que el ministerio de justicia ha aprobado la reparación de "carácter administrativo" de la sentencia de muerte del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys, ya que, con eso, el gobierno "no ha cumplido con los instrumentos y posibilidades que permite la ley de memoria histórica", que establece "los mecanismos necesarios para proceder a la anulación de los juicios políticos que se produjeron durante el franquismo".
Xuclà ha dicho que "la ley de memoria histórica dota de instrumentos para que sean los tribunales los que anulen estas sentencias. De la misma forma que CiU se opuso a que esta ley obligara al Parlament a actuar de poder judicial, nos parece indigno que la vía administrativa supla al poder judicial".
También ha afirmado que "el gobierno español dispone de una norma para impulsar la nulidad de estas sentencias políticas en el ámbito del poder judicial", y que "el ministerio fiscal depende orgánicamente del Gobierno y, por lo tanto, el ejecutivo tendría que invitar al ministerio fiscal a que impulse la anulación de las 42 sentencias políticas, entre ellas la del presidente de la Generalitat Lluís Companys".
"Lo que más preocupa a los familiares y asociaciones de afectados por la dictadura franquista es la anulación de los juicios políticos", ha afirmado, y ha añadido que "hubo innumerables casos que los tribunales tienen que revisar por dignidad y justicia", porque "se trata de juicios políticos sin cobertura legal ante los cuales familiares y diferentes asociaciones han reclamado la anulación de los juicios políticos que se realizaron sin garantías, ni fundamento de legitimidad jurídica".
No hay comentarios:
Publicar un comentario