Del blog de Carlos Martínez Gorriarán
La propuesta de bajar a los dieciséis años la edad en la que una mujer –una adolescente, en este caso- podría decidir por su cuenta interrumpir su embarazo es, cuando menos, estrafalaria. Resulta que una chica de esa edad no puede pedir una cerveza en un bar, ni tampoco puede abrir una cuenta corriente, firmar un contrato o votar en las elecciones porque se considera que a esa edad carece, por lo general, de suficiente madurez y capacidad autónoma de decisión. Como los chicos de esa misma edad. Cabría, desde luego, la posibilidad de que Gobierno y PSOE hubieran cambiado su percepción al respecto por motivos no revelados hasta ahora, llegando a la conclusión de que con dieciséis tacos las mujeres (y hombres, supongo) están capacitados de sobra para tomar decisiones sobre cosas nada banales como votar, firmar contratos o interrumpir un embarazo. Bien, en ese caso lo que corresponde es una propuesta distinta: la de bajar la mayoría de edad legal a los 16 años. Ya lo discutiríamos si nos explican el porqué y las ventajas derivadas. Alguna razón de peso habrá para que sociedades donde los jóvenes se emancipan de verdad mucho antes que en la nuestra mantengan, sin embargo, el límite legal de los 18 años, pero podría revisarse si se molestan en razonarlo.
Porque lo insólito es que se proponga semejante reforma legal en la ley que regulará el aborto dejando intacta la mayoría de edad a los 18. Significa, ni más ni menos, que los proponentes de esa reforma consideran que beber una cerveza es algo mucho más grave y comprometedor para el equilibrado desarrollo de la personalidad que hacerse un aborto; por eso la cerveza requeriría de permiso paterno, y abortar no. Claro que hay otra explicación posible de esta disparatada banalización. Veamos: en su comparecencia para presentar la propuesta de ley, la vicepresidenta del Gobierno deslizó la tesis de que si la mayoría de edad penal está fijada a los 13 años, porqué no se iba a autorizar el aborto a los 16. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra, se pregunta uno? ¡Ah, caramba, lo que ocurre es que los socialistas siguen pensando en la interrupción del embarazo como en una acción encuadrada más en lo penal que en lo civil! No se trataría tanto de una decisión personal de una mujer libre que debe despenalizarse hasta cierto plazo legal, como algo antaño criminal que deja de serlo al recibir la bendición del poder político, elevado a la categoría cuasidivina de "creador de nuevos derechos". Un lapsus freudiano de lo más ilustrativo…
Tiene esto que ver con otras acciones gubernamentales que van en esa misma línea: vaciar el concepto de ciudadanía de valor jurídico-político positivo y convertirlo en un título simbólico. Del mismo modo en que se vacía de sentido la mayoría de edad legal al considerarse más problemático consumir bebidas alcohólicas que decidir abortar, también sucede lo mismo con la famosa concesión de la ciudadanía española a cualquiera que pueda acreditar al menos un abuelo o abuela de esa condición. Se está dando la ciudadanía a personas que no han pisado España en su vida y que no reúnen otro mérito que uno puramente ligado a la sangre y a la herencia: acreditar al menos un 25% de ascendencia biológica. Una concepción de lo más reaccionaria, por cierto.
Puede ser cierto que, para quienes aceptan que la ciudadanía española quede convertida en poco más que una mera etiqueta sin demasiadas consecuencias políticas y jurídicas, tampoco sea gran cosa ni cargarse la mayoría de edad legal o la exigencia de residencia habitual y normal en el país para conceder la nacionalidad. Total, qué más da. Lo importante es que nos voten, ¿no? Aunque luego ese voto no sirva para casi nada.