¿por que UPyD?

Partimos de un supuesto revolucionario: que los ciudadanos no nacen siendo ya de
izquierdas o de de derechas ni con el carnet de ningún partido en los pañales. Vamos aún más lejos,
a riesgo de escandalizar a los timoratos: consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí
mismos y de elegir en consecuencia, de acuerdo con las ofertas de los partidos y su experiencia de la
situación histórica que vivimos. Por tanto no creemos que nadie esté obligado a votar siempre lo mismo
o a resignarse a las opciones políticas vigentes, cuando ya le han decepcionado anteriormente.
Ser considerados de izquierdas o derechas no nos parece el centro del problema,
aunque nos apiadamos cordialmente de quien carece de mejores argumentos para descalificar al
adversario. En realidad, ni la izquierda ni la derecha son ideas platónicas, invulnerables al paso del
tiempo y a los cambios sociales. Cuando hablamos de izquierda o derecha no estamos refiriéndonos
a la Guerra Civil, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Revolución Rusa o Francesa… sino
a los muy concretos partidos que se ponen esa etiqueta en el día de hoy. Y resulta evidente que ha
habido notables transformaciones: por ejemplo, ayer la izquierda y la derecha parecían representar
clases o niveles económicos, pero hoy abundan los multimillonarios estruendosamente izquierdistas
(sobre todo en medios de comunicación o artísticos) y asalariados modestos que son belicosamente
derechistas. Nosotros no tenemos reparo en declarar que si ser de izquierdas ahora es apoyar en
España las exigencias nacionalistas o separatistas, la asimetría regional o el diálogo político con los
terroristas, y en política exterior tener como referentes a Fidel Castro o Chávez… entonces somos de
derechas. Y que si pertenecer a la derecha exige considerar la homosexualidad una enfermedad (y el
matrimonio entre personas del mismo sexo una indecente aberración), un delito el aborto o la experimentación
genética con fines curativos, y tener a los padres por exclusivos responsables de la formación
ética de sus hijos aún en cuestiones cívicas, además de estar obligados a apoyar la invasión
de Irak, o a considerar inalterable la distribución de la renta y resignarse ante la pobreza de millones
de hombre y mujeres… pues entonces no habrá más remedio que ser de izquierdas.
Para evitar este falso dilema, nosotros preferimos hablar de progresismo en vez de
izquierda o derecha. Ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal,
así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Y ni los actuales
partidos de izquierda ni los de derechas tienen el monopolio del progresismo, aunque ambas tradiciones
políticas han contribuido a él. A nosotros nos gustaría ser capaces de aprovechar los elementos
positivos de unos y de otros, pero sin tener que cargar con sus prejuicios y resabios reaccionarios,
que existen en los dos campos. No denunciamos que los partidos actuales lo hagan todo mal, sólo
señalamos que ninguno lo hace tan bien como para que debamos renunciar a buscar alguna alternativa
mejor. Ser progresista, además, significa creer que la actividad política puede y debe mejorar las
condiciones de nuestra vida como colectividad: a algunos no les interesa la política más que como
medio para defenderse del Estado, pero nosotros queremos lograr por medio de la política un Estado
que nos defienda mejor a todos. Los ciudadanos no podemos excluirnos de la vida política, ni refugiarnos
cuando no nos gustan las leyes o las decisiones gubernamentales en la abstención o en la
renuncia a exigir el respeto a nuestros derechos y libertades. Porque, queramos o no, sí que es en
nuestro nombre como se legisla o se gobierna: luego no hay más remedio que implicarse para que
nuestras ideas tengan voz y estén lo mejor representadas que sea posible. Por eso emprendemos
esta aventura y recabamos el apoyo de nuestros conciudadanos.
información@upyd.es www.upyd.es
Para qué este nuevo partido
La base de la ciudadanía democrática es la igualdad en libertad: iguales leyes para todos
y todos iguales ante las leyes. Este objetivo exige, como es lógico, la cohesión institucional y simbólica
del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. Pues
bien, creemos que esa igualdad está hoy amenazada en España, fundamentalmente por culpa de los
excesos de un modelo territorial sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas.
Tales exigencias en perpetuo crescendo han contagiado en gran medida al resto de los grupos
políticos dentro de cada Comunidad Autónoma. El separatismo –al menos retórico- es contagioso y
los no nacionalistas se apresuran a mostrarse aparentemente tan identitarios como los demás, por
miedo a perder los votos de una mayoría que no entiende ya la defensa de lo suyo más que como un
desafío a lo de todos. En consecuencia, las atribuciones del Estado se desdibujan y cuando trata de
imponer su autoridad parece que atropella los santos derechos regionales. En las escuelas se subrayan
todas las diferencias como fundamentales y eternas, mientras se muestra lo común que nos
une como algo impuesto y transitorio. Lo propio es siempre víctima de lo común, lo que no pertenece
a nuestra demarcación no existe o es una amenaza. La bienintencionada descentralización autonómica
se ha convertido en licencia para fabricar algo así como virtuales miniestados regidos por burocracias
arrogantes, quisquillosas…e inamovibles.
Esta peligrosa deriva se muestra especialmente dañina en lo tocante al uso y aprendizaje
de la lengua española. Un Estado de Derecho necesita una lengua común, cuyo empleo no
sólo es elección personal sino ante todo instrumento político para la realización dialéctica de la propia
democracia. Todas las lenguas de nuestra nación son respetables y dignas de fomento, pero la castellana
es además imprescindible como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones
que atañen a toda la comunidad. La enseñanza pública tiene que considerarla así y no como una más
entre otras, cuando no como un molesto accesorio que sólo se llega a ofrecer a los estudiantes tras
muchos y difíciles requerimientos. Por supuesto, los que más padecen del arrinconamiento docente
del castellano son los económicamente menos favorecidos y los inmigrantes, es decir los que necesitan
la lengua para integrarse laboral y socialmente en el marco estatal más amplio posible y no tienen
recursos para acudir a escuelas privadas en las que recibirán docencia en la lengua que mejor les
convenga.
Nosotros estamos, naturalmente, por la España plural de los ciudadanos iguales y distintos,
pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio
democrático de igualdad. No queremos un Estado de Derecho uniforme ni mucho menos uniformado
pero sí desde luego unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece
una insigne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de
la política local. Creemos que en España se está reeditando el viejo caciquismo, es decir, que dueños
cuasi-feudales de cada región hacen y deshacen en su territorio halagando el narcisismo localista y
comprando luego la benevolencia gubernamental a base de apoyos hábilmente negociados en el parlamento
estatal. Por ello uno de nuestros objetivos es conseguir un peso suficiente en el Parlamento
español como para poder contribuir a formar alternativas de gobierno libres de hipotecas nacionalistas.
Pero la igualdad de los ciudadanos tiene también otras amenazas. Un Estado democrático
tiene que ser laico, es decir, neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los
Derechos Humanos y con nuestro sistema jurídico, y también ante la creencia de los que no creen en
religión alguna. El laicismo no es una postura antirreligiosa ni irreligiosa (hay laicistas muy creyentes)
sino opuesta solamente a la manipulación teocrática de las instituciones públicas. El Estado laico
reconoce la fe religiosa como un derecho de cada cual –sometido únicamente a las leyes civilespero
no como un deber de nadie y mucho menos de los poderes públicos en tanto legislan, educan o
financian diversas actividades culturales. La manifestación pública de las religiones es perfectamente
lícita pero debe efectuarse siempre a título privado, no como obligación colectiva o institucional. Por
tanto es evidente que en la escuela pública no deberían darse cursos de ninguna religión, lo mismo
que tampoco deberían ofrecerse lecciones de ateísmo. Nosotros, en pos de la igualdad de todos los
información@upyd.es www.upyd.es
creyentes y no creyentes, quisiéramos alcanzar un Estado realmente laico, en el que ninguna religión
perdiera sus derechos pero desapareciesen los privilegios actuales de ciertas confesiones, que en
ocasiones convierten el interés general en rehén de creencias particulares. De la misma manera,
quisiéramos un Estado también laico en materia identitaria, donde las instituciones no presionen ilícitamente
a los ciudadanos para que se integren contra su voluntad en determinado modelo de identidad,
supuestamente cultural o lingüística pero normalmente nacionalista.
Por supuesto, la desigualdad entre los ciudadanos tiene también a veces causas
económicas. Nosotros creemos que toda riqueza es social y se debe en último término a la sociedad,
aunque provenga de la iniciativa individual que lícitamente se beneficia de ella. La mejor forma de
redistribuir la riqueza socialmente acumulada son unos efectivos y accesibles servicios públicos para
atender cuestiones básicas: educación, sanidad, comunicaciones, transporte, asistencia social a niños,
minusválidos y ancianos, pensiones, etc… Unos servicios que han de tener calidad y deben gestionarse
con eficiencia, evitando derroches en los recursos, mediante la concurrencia de los sectores
público y privado, adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos
los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben
tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con
independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación
pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco
y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía.
Y, por otra parte, la redistribución de la riqueza requiere que el sistema fiscal mejore su control sobre
todas las fuentes de renta y no penalice, como ocurre actualmente, a los trabajadores asalariados
mientras privilegia a los perceptores de rentas del capital. El refuerzo de los servicios públicos y la
seguridad social –no permitiendo que se deterioren por dejadez intencionada para fomentar luego su
privatización- ha de ser una de las prioridades de nuestro partido.
En resumen: un nuevo partido para garantizar la unidad institucional y la coordinación
tanto legal como fiscal del Estado de Derecho, así como su rigurosa laicidad y optimización de servicios
públicos, a fin de posibilitar la real igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades
democráticas.
información@upyd.es www.upyd.es
Primeras propuestas
Avanzamos algunas de nuestras propuestas principales:
1 - Reforma de la Constitución, centrada en tres ámbitos principales:
a) cierre del modelo territorial mediante la atribución al Estado de un conjunto de competencias
fundamentales (por ejemplo educación y fiscalidad, además de las que tiene actualmente)
que no deben ser delegadas. Igualdad básica de competencias para todas las Comunidades Autónomas.
Desaparición de la referencia a los “derechos históricos” y de la disposición transitoria cuarta
relativa a la eventual fusión de la CAV y la Comunidad foral de Navarra.
b) mejora y refuerzo de los derechos y obligaciones individuales, que deben ser estrictamente
iguales para todos los ciudadanos del país, sin someterlos a discriminaciones territoriales,
ideológicas ni religiosas, así como a políticas de supuesta “normalización lingüística” o a precedencia
de los nativos sobre los inmigrantes de otras partes de España.
c) mejora de la división de poderes, en especial reforzando la autonomía del poder judicial
respecto al ejecutivo (revisión del papel del Fiscal General, por ejemplo) y el legislativo, consolidando
la unidad del sistema judicial en todo el país y evitando su despiece en sistemas autonómicos
independientes. También deben buscarse fórmulas que garanticen la independencia y profesionalidad
del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Reguladores de carácter
económico, eliminando su dependencia del poder ejecutivo.
2 - Para hacer efectiva la laicidad del Estado, revisión de los actuales acuerdos concordatarios
con la Santa Sede y con las demás confesiones religiosas.
3 - Reforma de la Ley Electoral, que deberá corregir la desproporcionada representación
de los grandes partidos revisando el sistema de circunscripciones electorales y acabar con la
excesiva preponderancia de los partidos nacionalistas, a los que se concede en la práctica un poder
de arbitraje que da origen a la extensión de lo que hemos llamado “nacionalismo obligatorio”, así
como de sus imitaciones regionalistas.
4 - Promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación
pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la
ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios éticos y
políticos comunes a todos los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia
o creencias religiosas e ideológicas. En este sentido, reclamaremos el escrupuloso cumplimiento
del derecho a la escolarización en la lengua materna, atacado y negado en varias comunidades
autónomas, y nos opondremos a toda medida de discriminación política y social basada en supuestos
lingüísticos considerados normalizadores por el nacionalismo, defendiendo en cambio la normalidad
de la prevalencia de la lengua común sobre la particular, que si bien debe ser reconocida, protegida
legalmente y empleada por la Administración para garantizar el bilingüismo donde éste exista realmente,
de ningún modo debe imponerse a los ciudadanos como requisito indispensable para ejercer
cualquier empleo público o tener un negocio privado.
5 - Medidas de regeneración democrática que vinculen más estrechamente a los
representantes políticos con sus representados –examinando la posibilidad de introducir un sistema
electoral con listas abiertas, la elección directa de los cargos personales principales como presidencias
de gobiernos (nacional y autonómicos) o alcaldías, la limitación de mandatos-, e introduzcan
incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio de cargos públicos y negocios privados. También
propondremos medidas que prevengan pactos poselectorales que desvirtúen o tergiversen el resultado
electoral, que hagan más transparente la financiación de los partidos políticos y mejoren su
información@upyd.es www.upyd.es
autonomía de los grandes poderes económicos.
6 - Medidas para combatir el terrorismo que pongan el énfasis en la derrota de ETA y
de las demás organizaciones terroristas, combatiendo sus acciones violentas, persiguiendo su financiación
e impidiendo su justificación política e ideológica. En sus peores manifestaciones, el terrorismo
debe ser considerado un crimen contra la humanidad, de manera que los delitos terroristas sean
imprescriptibles y sujetos a jurisdicción universal. En ningún caso debe ser considerado como una
forma aceptable o justificable de la acción política, y debe ser proscrito en todas las sociedades.
7 - Medidas económicas y sociales que, respetando la estabilidad macroeconómica,
promuevan el desarrollo y la competitividad de la economía española, corrigiendo las desigualdades
regionales. El Estado ha de mejorar la educación, formación y seguridad de los trabajadores, propiciar
por medio de las infraestructuras la integración del mercado interior, favorecer la investigación y la innovación
en las empresas, y garantizar la libertad económica el ejercicio de la competencia.
8 - Política internacional sensible a las transformaciones consecuencia de los procesos
de globalización e integración mundial, incluyendo el intercambio de grandes poblaciones
de distinta tradición cultural a través de la inmigración económica y política, con vistas a lograr que
estos grandes cambios, en lugar de favorecer la intolerancia cultural, el fundamentalismo religioso y
la tiranía política, impulsen el progreso de la humanidad y el libre desarrollo de la civilización y de los
principios democráticos universales en todo el mundo. Que, por otra parte, corrija el apoyo prestado
a regímenes autoritarios o populistas tanto en Latinoamérica como en el norte de África, dando una
respuesta justa y equitativa a la deuda moral que los españoles tenemos contraída con el pueblo
saharaui. Que, afirmando la soberanía nacional en los foros internacionales, promueva también la
profundización de la integración europea, fortaleciendo a la Unión Europea en los terrenos político y
de defensa para que los europeos podamos encontrar el lugar que nos corresponde en el concierto
internacional.
Con respecto a Europa, queremos afirmar nuestra confianza en la consecución de una
Unión profundamente democrática, que progrese en la abolición de las fronteras interiores, favorezca
la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos europeos y persiga la convergencia fiscal,
jurídica y educativa de los Estados europeos.
9 – Medidas racionales en política medioambiental que hagan compatibles el desarrollo
económico y tecnológico con la protección del medio ambiente y especialmente de la biodiversidad,
potenciando el ahorro energético, la investigación del cambio climático y las posibles medidas correctoras,
la mejora de la legislación protectora de espacios naturales, y la mejora progresiva de la calidad
ecológica de las ciudades y del conjunto del territorio, oponiéndonos a la destrucción del litoral y de
áreas naturales sensibles por una urbanización abusiva o usos inadecuados.
información@upyd.es www.upyd.es
Conclusión
Ninguno de los grandes partidos nacionales actuales -menos aun los nacionalistas- defiende
propuestas equivalentes a las nuestras. Su firmeza contra el nacionalismo obligatorio resulta
discutible, pues ninguno ha dejado de hacer concesiones que atacan la igualdad de la ciudadanía
española en materia lingüística, educativa, fiscal o de servicios públicos. Tampoco ninguno propone
la reforma de la Constitución que, lógicamente, necesita adaptarse a las nuevas condiciones políticas
del país y a un mundo en permanente cambio. Ni propugnan una reforma de la legislación electoral
que quizá perjudicase sus expectativas, a pesar de que mejoraría la democracia al conseguir una
representación más proporcionada de las corrientes sociales existentes, combatiendo el auge de la
abstención y de la aversión a la política. Ninguno insiste en profundizar el laicismo del Estado para
hacer frente al auge del fundamentalismo religioso, a las intromisiones exageradas del clero en la
enseñanza pública y a la multiplicación de políticas identitarias que pretenden dictar los sentimientos
de pertenencia y comunidad. Ninguno, finalmente, está interesado en proponer reformas que revitalicen
la democracia mermando el poder de los aparatos de los partidos en beneficio de una deliberación
pública y abierta, más allá de la alienación sectaria y del dogmatismo carente de ideas.
Estas son, en cambio, las propuestas que hace nuestro partido. Sólo aspira a existir
mientras sea necesario para resolver los problemas que nos preocupan. Nos obliga a nacer el inmovilismo
conformista de los partidos ya existentes, y estamos convencidos de que las reformas que
proponemos son indispensables para hacer frente con éxito a la disgregación del Estado, para conseguir
la derrota del terrorismo sin pagar precio político alguno, y sobre todo para aumentar la libertad
e igualdad de todos nosotros. Creemos que estas ideas y objetivos políticos no son, en sí mismas, ni
de izquierdas ni de derechas, sino que pueden ser compartidas por cuantos quieren el progreso de
nuestro país, España, y una democracia más libre e igualitaria que lo haga posible.