sábado, 28 de noviembre de 2009

¡No pasará nada!

Con la Constitución democrática de 1978 se cerró una guerra y se inició otra. De esta última nos empezamos a dar cuenta ahora. El editorial conjunto de la prensa nacionalista da cuenta de ella. Comenzó modosita con la falsificación progresiva de los traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Nadie la frenó. Como un niño consentido, el nacionalismo ha abusado de la predisposición del Estado a comprender sus reivindicaciones. Ahora no duda en cuestionarlo.

Estamos en guerra desde hace 30 años y todavía no nos hemos enterado. El Estatuto ha sido su última batalla. Si se consolida, será una cordada más y más segura para coger aire, amarrar los asideros, y desde esa seguridad, intentar una nueva cordada hacia el soberanismo pleno.

Retrocedamos a la Transición. El objetivo del Título VIII de la Constitución fue integrar las reivindicaciones nacionalistas mediante el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. A la luz del Estatuto de Cataluña y del acoso de sus políticos contra el Tribunal Constitucional, es evidente que se ha fracaso en el intento. Lejos de reducir las desavenencias, se han radicalizado. Ha llegado la hora de admitir el error de ceder para reducir las tensiones. Sólo ha servido para envalentonar a los más necios. Los nacionalistas no son integrables. Muy al contrario, aprovecharán el papanatismo del Estado para hacer tiempo y crecer. Y crecer para lo peor. Si no son integrables, defendamos nuestro derecho como nación. Sin ir a rebujo de sus ocurrencias y chantajes. La ley es para todos. También para ellos.

Los ciudadanos españoles deben tomar conciencia de esa evidencia. Hace treinta años que vienen preparando la demolición del Estado. Ellos la llaman la búsqueda del encaje en España. Zalamerías en espera de ocasión propicia. Quien a estas alturas no se haya dado cuenta o mire para otro lado, acabará lamentándolo.

España constitucional, la España de los ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, ha de recuperar la autoestima. Cataluña no es una nación, ni siquiera es una comunidad autónoma si atendemos a quienes la controlan. En realidad es el nombre con que se denomina a una nueva aristocracia. La oligarquía nacionalista. Una aristocracia que se ha apoderado de instituciones políticas, instituciones educativas y culturales y han convertido los medios de comunicación en su correa de transmisión: "En Cataluña es donde hay más promiscuidad entre políticos y periodistas", acaba de sentenciar uno de los tótem mediáticos de TV3, Josep Cuní. La editorial conjunta de 12 periódicos y 3 radios lo evidencia.

Es esa nueva aristocracia catalana quien llama a arrebato contra el Tribunal Constitucional. Conviene tenerlo claro. "No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición", advierte la editorial conjunta de la prensa nacionalista. Advertencias que saben a amenazas. La omertá, el pensamiento único. La nueva aristocracia. "No renunciaremos al Estatuto que nos permitirá prosperar nacionalmente", advierte Montilla en la toma de posesión del Consell de Garanties Estatutàries. Palabras propias de un aristócrata que cree estar por encima de la ley.

Mientras tanto, deberían escuchar algunas evidencias: esa oligarquía político mediática no es Cataluña, es el poder oligárquico de Cataluña. De los 938 municipios catalanes, sólo 130 se han plegado a los independentistas para colaborar con el referéndum de marras. 650.000 habitantes de los 7.500.000 ciudadanos de Cataluña. El Estatuto lo votó sólo el 49,42% de todos los catalanes (1.881.765 votaron sí, 528.472, no y 135.990, en blanco). Un total del 36% de la población de Cataluña con derecho a voto.

No se asusten, todas las bravuconadas que estos últimos días lanzan contra la legitimidad del Tribunal Constitucional son salvas similares a los disparos de Tejero en el Congreso de los Diputados. Pretenden amedrentar. Gutiérrez Mellado, el ministro de Defensa, no se dejó intimidar. Conocía el ruido de las balas de fogueo.

Si el Tribunal Constitucional cumple con su deber y recorta el articulado inconstitucional del Estatuto, en Cataluña no pasará nada. ¡Nada! ¡No pasará nada! Y no pasará nada porque esta aristocracia que confunde a los nacionalistas con todos los catalanes, aún no se ha dado cuenta de que sólo protestan los Quijotes. Y en Cataluña ya sólo hay Sanchos. No se revelan contra las multas lingüísticas, pero tampoco lo harán contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Sea la que sea.

Ahora bien, si el Tribunal Constitucional salva su contenido actual o deja a la interpretación política su articulado, la vida en Cataluña se hará irrespirable para la mayoría de la población y pronto, cuando el nuevo Estatuto fermente, la capacidad del Estado para frenar la deriva separatista será inútil. Aún hay tiempo, pero el tiempo se agota.

Antonio Robles

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