Madrid, 30 sep (EFE).- El Congreso de los Diputados aprobará hoy una proposición no de ley presentada por UPyD en la que se insta al Gobierno a revisar y anular las sanciones impuestas a decenas de guardias civiles hasta finales de los años 90 por "reivindicar sus derechos constitucionales".
La iniciativa, debatida en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, exige al Gobierno que revise de forma individualizada todos los expedientes abiertos en aquellos años, "anulando a todos los efectos las sanciones injustas".
El texto recuerda el caso del sargento José Morata, uno de los fundadores de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el Cuerpo, que fue expulsado del instituto armado en 1997.
También cita al cabo primero Manuel Rosa y a los guardias Manuel Linde y José Carlos Piñeiro, todos ellos "injustamente" separados del servicio por defender los derechos de los agentes.
"Creemos que debe procederse a la rehabilitación de los guardias civiles injustamente represaliados por solicitar de forma pacífica el reconocimiento de los derechos constitucionales para su colectivo, que hoy, con muchos años de retraso, se les reconoce", añade la iniciativa.
En defensa de la proposición, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha destacado que estos agentes sufrieron persecución por estar "en la vanguardia de la defensa de los derechos colectivos", por lo que considera que es el momento de rehabilitarlos desde el punto de vista profesional, político y democrático.
A día de hoy, la ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil aprobada en 2007, concede el derecho de asociación profesional a los agentes, que celebraron sus primeras elecciones al Consejo de la Guardia Civil el pasado 22 de enero.
No obstante, los primeros comicios internos en la Guardia Civil estuvieron marcados por los expedientes disciplinarios abiertos a dos de los cabezas de lista por asistir de paisano a la manifestación de policías del 18 de octubre de 2008 en Madrid en demanda de mejoras profesionales. EFE edr/is
El Confidencial
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